agosto 20, 2021
En la oportunidad, el fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Zolezzi Briones, mencionó al Tribunal que utilizará la totalidad de la prueba contenida en la acusación en contra de la imputada, Rebeca Torrejón Sierra, dentro de los cuales se cuentan 27 testigos que prestarán declaración en estrado, además de evidencia documental y peritajes contenidos en la carpeta investigativa. Material probatorio que la Fiscalía reunió a partir de la investigación acabada, seria y objetiva que desarrolló frente a este caso y que llevó a acusar a la investigada por su responsabilidad en los delitos de uso malicioso de instrumento público falso, perjurio y obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del fisco las que hasta agosto del 2020, sumaban $45.679.136.
En la audiencia de este viernes, además, el Juez de turno rechazó la solicitud de la defensa en cuanto a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.
Cabe mencionar que en esta investigación ha existido un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Atacama y el Consejo de Defensa Estado, que actúa como querellante, organismo que se allanó a las solicitudes del Ministerio Público y los medios de prueba presentados por el fiscal Zolezzi.
ACUSACIÓN
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el primero de los delitos tiene relación con que la imputada concurrió en el año 2017 hasta el Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar con la finalidad de obtener certificados de 4° Medio. Con ello, la consejera investigada habría obtenido 2 documentos: licencia de enseñanza media y el certificado anual de estudios.
Sin embargo, de acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía, se determinó que dicha licencia tiene un contenido ideológicamente falso, puesto que la imputada no figuró como alumna y nunca cursó ni aprobó 4° Medio en 1975 en el mencionado recinto educacional.
En la acusación se indica además que esos documentos fueron presentados ante el Servel de Atacama para poder postularse a la candidatura de Consejera Regional durante ese mismo año, los que acompañó junto a una declaración jurada ante notario en la que aseguraba cumplir con los requisitos legales y constitucionales para poder postularse a dicho cargo de elección popular.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó por uso malicioso de instrumento público falso, por el que solicita se imponga una pena corporal de 7 años de presidio mayor, una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta para desarrollar cargos públicos durante el período de la condena.
De acuerdo a la acusación se incurrió además en el delito de obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del Fisco. Por aquello el Ministerio Público solicita la pena de 4 años de presidio menor, una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
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