Miércoles 10 de Diciembre de 2025.- Es de conocimiento nacional que los establecimientos educacionales del Estado están bajo una crisis institucional. No sólo hay serias falencias en infraestructura, sino que también la falta de recursos genera pérdida de clases y por ende, provoca una afectación directa hacia los alumnos que quedan en desventaja de otros, al no tener continuidad de clases. Es por ello que, muchas familias deciden buscar una opción educacional que les dé tranquilidad y que sus hijos, puedan avanzar académicamente. Es ahí, donde en muchos casos, llegan a ser parte de una comunidad de algún establecimiento educacional particular-subvencionado.
En Chile, la subvención escolar para colegios particulares existe desde 1854, cuando el Estado comenzó a incentivar su creación tras un censo que reveló un alto analfabetismo, pero el sistema moderno de colegios particulares subvencionados, con su lógica de "voucher" y financiamiento compartido (copago), se consolidó y expandió fuertemente a partir de la década de 1980 y 1993, podían cobrar copago, a diferencia de los municipales.
A más de 30 años de funcionamientos de estos centros de estudios, los que son fiscalizados por la Superintendencia de Educación, cada año se suman más irregularidades. Entre enero y septiembre de este año, la Superintendencia de Educación recibió más de 14 mil denuncias ciudadanas. El 74% corresponde a conflictos de convivencia escolar, no obstante, existen otro tipo de acusaciones que, no se dan a conocer a la opinión pública y que son igual o más graves.
Una de las denuncias graves que existen en algunos establecimientos educacionales en Copiapó, es obligar a los estudiantes a utilizar horario de clases para preparar el SIMCE, contactar a alumnos con licencia médica para realizar pruebas de forma online, hostigamientos hacia los padres y apoderados para justificar inasistencias las que luego, no son tomadas en cuenta por quienes deciden. Asimismo, falencias en organigrama con creación de perfil de cargos y funcionarios que, no cuentan con los estudios profesionales y técnicos adecuados. A ello, se suman problemas infraestructura, sobre todo en el área de comedores, el “Centro de Apoderados” es vez de velar y ser un intermediario de la comunidad escolar, trabaja por y para los intereses de los sostenedores, creando, en algunos casos, personalidad jurídica para obligar a pagar una cuota anual a los padres. Y, denuncias públicas ciudadanas donde dan a conocer con nombre y apellido de implicados y colegios sobre infidelidades y amoríos de docentes y funcionarios, quienes han seguido haciendo clases, estando enterados la comunidad escolar, sin tomar medidas por parte de sostenedores.
La lista es larga y sigue, ya que también se ha detectado el consumo de algunas drogas por parte de alumnos en los baños de colegios, discriminación por parte de docentes hacia alumnos para tomar medicamentos en horarios de clases, robos de dinero en efectivo de montos cuantiosos al interior de éstos. Por tanto, y como reflexión final, si la educación pública para muchas familias, no es una opción viable y deciden matricular a sus hijos en establecimientos educacionales particular-subvencionados con el fin que terminen su colegiatura, pareciera que el remedio es peor que la enfermedad, ya que en estos colegios buscan ampararse con la ley a su conveniencia, y además, actúan de forma autoritaria, abuso de poder y en toman decisiones en cuatro paredes, sobre el futuro de alumnos y sus familias, no dando espacio a instancias de mediación.
Escrito por : Karla Aguirre Abarcia, Periodista Copiapina.
diciembre 10, 2025


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