Perfil: Patricio Cooper, el fiscal incómodo para el oficialismo, y las ofensivas en su contra

Domingo 04 de Mayo de 2025.-  El miércoles, el Presidente Gabriel Boric llegó al edificio del Ministerio Público para participar en la cuenta pública anual del fiscal nacional, Ángel Valencia. Mientras caminaba por el auditorio hacia la primera fila, donde estaba su puesto, se encontró con el fiscal metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz, a quien saludó con un apretón de manos.

Sentado al lado de Armendáriz estaba el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a quien Boric también le estrechó la mano.

Cooper había generado molestia en La Moneda y el oficialismo luego de que se conociera que, entre noviembre y enero, mantuvo intervenido el celular del exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), y que solicitó —sin éxito— al Séptimo Juzgado de Garantía interceptar las comunicaciones del Mandatario. Ambas diligencias, en el marco del caso ProCultura.

La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, pidió al fiscal nacional explicar el motivo de estas medidas, y los diputados oficialistas acusaron una instrumentalización de la justicia y amenazaron con pedir la remoción de Valencia.

Cooper respondió que la indagatoria se mantiene vigente y con diligencias reservadas y todas están apegadas a la legalidad. Valencia respaldó al persecutor el miércoles y afirmó que “hoy un fiscal podría pedir una medida intrusiva a un juez interino”.

Fiscal incómodo. Patricio Cooper (nacido en Temuco en 1968) —hombre de confianza del fiscal nacional— se ha transformado en una pieza compleja para el oficialismo, pues lleva las principales causas que afectan al sector. En junio de 2024, luego de la remoción de Carlos Palma, Valencia lo puso a cargo de investigar el caso ProCultura, fundación creada por el psiquiatra Alberto Larraín que aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022.

ProCultura —la mayor arista del caso Convenios— es indagada por eventual fraude al fisco en más de $6 mil millones en convenios con gobernaciones y seremías de siete regiones. En el caso figuran como sujetos de interés —paso previo a la calificación de imputados— seis gobernadores, entre los que está el metropolitano Claudio Orrego.

En la indagatoria se ha estrechado el cerco de Boric. Se ha investigado el rol de Crispi, quien como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) validó las transferencias de fondos a la ONG, y se indaga una eventual anomalía contable en los pagos a Irina Karamanos, en el periodo en que trabajó para la fundación. Cooper tomó declaración como imputada a la expareja del Mandatario en noviembre.

Este lunes, el fiscal levantará el secreto de la causa, que se podría transformar en un tsunami judicial para el oficialismo.

En enero, Valencia le encargó investigar la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. La indagatoria surgió luego de que el abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, pidiera investigar un eventual fraude al fisco en el contrato de $933 millones.

En este caso, se ha tomado declaración al Presidente, a las exministras Maya Fernández —dos veces— y Marcela Sandoval, a la exsenadora Isabel Allende, a funcionarios de Gobierno y a cercanos a la familia Allende.

Solicitud de remoción. Desde 2023, está a cargo de la indagación por fraude al fisco en la suspendida compraventa de la exclínica Sierra Bella por parte de la administración de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

Aunque aún no hay formalizados, en febrero el caso tuvo nuevos movimientos, luego de que en el celular de la exedil se encontraran diálogos con la diputada Karol Cariola (PC), que daban cuenta de un posible tráfico de influencias. Cooper abrió una nueva arista y la PDI concurrió a la residencia de la parlamentaria para incautar uno de sus celulares y su notebook.

El allanamiento coincidió con el nacimiento del hijo de Cariola, lo que generó críticas en el oficialismo. A ello se sumaron las filtraciones de secciones del expediente, como conversaciones entre la diputada y la exedil que aludían al Presidente y sus asesores.

10 diputados presentaron una solicitud a la Corte Suprema para removerlo, que fue admitida a trámite y quedó en manos de la jueza Mireya López. Tras la rendición de pruebas, que ocurrirá dentro de dos semanas, el pleno del máximo tribunal deberá tomar una decisión. Para aprobarse, requiere 4/7 de los miembros de la Suprema.

Fuentes de la Corte Suprema sostienen que, pese a que el foco estará puesto en las pruebas que presenten las partes, la arista del allanamiento podría resultar descartada pero, respecto a las filtraciones, el escenario está abierto.

Carrera. Estudió en el Santiago College, de donde egresó en 1985. Cursó Derecho en la Universidad Diego Portales. Comenzó su carrera en el Banco de Santiago, en el área hipotecaria y luego en la de sociedades. Después pasó a la consultora tributaria Deloitte.

Empezó a trabajar en el Ministerio Público en sus inicios, en 2000. Fue fiscal jefe de Loncoche por tres años, luego fue fiscal adjunto jefe de Viña del Mar y, más tarde, llegó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Entre 2004 y 2010 se hizo cargo de la fiscalía de delitos sexuales y violentos. Más tarde fue fiscal jefe de la fiscalía local Centro de Justicia.

Principales causas. En 2017 estuvo a cargo del entonces denominado “Robo del siglo”, que afectó a una empresa de valores en Independencia, donde se sustrajeron $15.954 millones. “Prefiero condenar a los culpables que recuperar todo el dinero“, dijo a La Tercera, marcando su criterio como investigador.

En 2020, tras la arremetida policial sobre el puente Pío Nono que terminó con el carabinero Sebastián Zamora impactando a un adolescente de 16 años que cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho, indagó los desórdenes en que participó el joven. Zamora fue absuelto en el juicio por homicidio frustrado y reintegrado a la institución.

En 2021 se hizo cargo de la causa en contra del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, a quien la mesa de la Convención denunció luego de que incluyera en su declaración de intereses una deuda bancaria (que ascendería a $27 millones) por un falso tratamiento contra el cáncer.

Vio causas vinculadas al 18-O y en 2024 declaró como testigo en la causa abierta en la Corte Suprema por la petición parlamentaria para remover al fiscal Armendáriz por su rol en las investigaciones del estallido social.

Cooper relató que quedó a cargo de indagar ataques contra Carabineros. Detalló que, si bien lograron detener a autores de lanzamiento de molotov, fallaron en identificar a los cabecillas y a quienes estaban detrás de las convocatorias violentas a Plaza Baquedano. Dijo que ubicaron blancos, que los siguieron, pero que la pandemia interrumpió su labor.

En diciembre de 2023, Ángel Valencia lo nombró fiscal regional de Coquimbo. Desde ahí, indaga la causa del Tren de Aragua en Los Vilos.