abril 22, 2024
Antes de la caída. El 10 de junio de 2022, el cofundador y vocero de la organización violentista, Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, relanzó en un centro comunitario de la población Lo Hermida de Peñalolén, el libro Chem ka Rakiduam, con las definiciones del grupo radical.
Ante más de cien personas —a quienes se instruyó que apagaran sus celulares— reivindicó la violencia política y dijo que frente al estado de emergencia decretado en mayo de ese año por el Presidente Gabriel Boric, habían resuelto resistir armadamente. También validó la venta de madera para obtener armas de fuego —que denominó fierros— y municiones.
“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros y para tener los tiros”, dijo esa noche.
Era una de las apariciones públicas que por esos días realizaba el líder del grupo radical activo más antiguo del sur, cuyo primer atentado se remontaba a la quema camiones en Lumaco, en 1997.
Sus apariciones —realizadas a través de intervenciones públicas y entrevistas— se amparaban en 4 elementos: lo que calificaba de libertad de expresión; la distinción que hacía entre la CAM y los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) —definiendo a la primera como una organización meramente política y a la segunda como sus brazos armados autónomos, cuyas acciones él sólo apoyaba conceptualmente—; la falsa acusación levantada en su contra en 2017 en la Operación Huracán —que volvía a las autoridades reticentes a perseguirlo penalmente— y la definición tomada hasta entonces por La Moneda de no querellarse por declaraciones públicas.
“Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, dijo el Presidente en mayo de 2022, después de que el 11 de ese mes Llaitul llamara a “organizar la resistencia armada” ante los planes de desplegar militares para prevenir atentados en carreteras.
El giro de La Moneda. A fines de julio de 2022, el Presidente Boric marcó un quiebre con los gestos hacia la CAM que había realizado como diputado y con la política de evitar perseguirlo penalmente.
La decisión la tomó tras las críticas a la inacción del gobierno por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y los dichos del entonces fiscal nacional Jorge Abbott y la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quienes advirtieron que se requería de una querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE), por parte del gobierno, para actuar.
El giro ocurrió a semanas del plebiscito constitucional, en que el gobierno apostaba el éxito de su programa a la aprobación del texto de la Convención (que fue rechazado el 4 de septiembre).
“Ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de la declaración de auto atribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar la querella”, dijo el Presidente Boric al matinal de Mega.
El mandatario aludía a una entrevista dada por Llaitul al portal en inglés Chile Today y al sitio Werkén Noticias. En el registro —difundido el 21 de julio de 2022— Llaitul responsabilizaba a “la policía y otras fuerzas político-miliares” por la muerte de uno de sus miembros en un atentado en La Araucanía.
“Ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi (hermano) y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje (…), como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas”, dijo.
La Moneda presentó una ampliación a una querella por LSE presentada en 2020 y Llaitul fue detenido el 24 de agosto de 2022.
La fiscalía formalizó cargos en su contra por incitación y apología a la violencia bajo la Ley de Seguridad del Estado, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación violenta. En la acusación pidió 25 años de cárcel para él.
Desde entonces está en prisión preventiva.
La primera renuncia del gabinete. Luego se abrió un flanco para La Moneda. Al mediodía del 25 de agosto de 2022, Ex-Ante publicó un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) que recogió la transcripción de un llamado teléfonico realizado por una asesora de la entonces ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega a Héctor Llaitul, de parte de la secretaria de Estado. Éste ocurrió horas después de que el líder de la CAM llamara a “organizar la resistencia armada”.
Cuatro horas después de la publicación, el Presidente Boric pidió la renuncia a Vega, quien había sido nombrada como coordinadora interministerial de la Macrozona Sur. Era la primera caída del gabinete.
Otra de las conversaciones interceptadas a Llaitul, en este caso con un conocido, mostró su negativa opinión del mandatario. “Aparte de ser socialdemócrata y jurar(se) medio Che Guevara, ahora va a andar (….) con los grupos económicos y va a gobernar igual”, dijo.
La caída en los atentados. La detención de Llaitul marcó el comienzo de la desarticulación de la CAM; una baja en los atentados y también un vacío de poder aprovechado por otros grupos radicales del sur.
En noviembre del año pasado, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve afirmó que “en materia de ataques incendiarios, el año 2023 es el año con menos ataques incendiarios de los últimos cuatro años. Eso implica que este año ha habido un 25% menos de ataques incendiarios que el año 2022 y un 40% menos que el año 2021”.
La defensa de Llaitul. El 12 de marzo de este año, al comenzar el juicio en su contra, Llaitul tomó la palabra para hacer una declaración. Dijo que la “guerra no la declaramos nosotros” y que, por tanto, se consideraba un “preso político”.
Este lunes, previo a conocerse su veredicto, habló otra vez.
“Seguramente ésta será una condena en donde yo reciba toda la fuerza del Estado por este mismo choque de culturas, de que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanente”, dijo. “Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto”.
El veredicto. Pasado el mediodía, la jueza Rocío Pinilla leyó el veredicto del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco que lo declaró culpable por 2 delitos de ley de seguridad del Estado, 2 usurpaciones violentas, un delito de hurto simple y un delito de atentado contra la autoridad a mano armada.
En la lectura, la jueza detalló que la evidencia recabada permitió “echar por tierra la afirmación del acusado en orden a que las ORT y la CAM están orientados solo al sabotaje de blancos específicos vinculados con las empresas forestales u otras, pues ha quedado demostrado que los grupos de personas que han intervenido en dichos actos, efectuaron disparos directos a los aludidos funcionarios (de Carabineros), causándole lesiones de diversa magnitud a 2 de ellos”.
También detalló que llegaron a la convicción de que Llaitul no era sólo el vocero de la CAM, sino su líder.
Su sentencia se conocerá el 7 de mayo.
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