Miércoles 02 de Marzo de 2016.- Su disconformidad y extrañeza por la ratificación por parte del gobierno regional respecto a la no continuidad del bono Atacama, que motivó la movilización de los funcionarios públicos de la región, expresó la diputada (PS) por la región Daniella Cicardini.
“Esto no fue lo acordado con el ministerio de Hacienda”, subrayó la parlamentaria, recordando que durante el último encuentro con el titular de esa cartera, Rodrigo Valdés, efectuado en enero pasado, quedó abierta la posibilidad de continuar dialogando en marzo en torno a las alternativas para otorgar el beneficio.
“A mí en lo personal me sorprende y me decepciona lo que ha informado el Intendente en los últimos días respecto a lo que sería esta determinación del gobierno, en circunstancias que nuestras expectativas como parlamentarios era retomar las conversaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo en esta materia”, indicó.
En la misma línea Cicardini remarcó que a su juicio “lo mínimo que yo hubiese esperado es que los parlamentarios como garantes de ese proceso hubiésemos sido informados por los canales formales y adecuados de esta decisión, que reitero, contradice las últimas conversaciones que tuvimos con el ministro”, indicó la diputada.
No obstante reconocer que la situación económica actual hace más complejo el otorgamiento del beneficio, Cicardini hizo un llamado al gobierno a retomar el diálogo con las organizaciones de funcionarios públicos y todos los actores involucrados ”para, en ese contexto, generar una fórmula que permita cumplir los compromisos y dar una respuesta real a sus demandas”
La legisladora recordó sus cuestionamientos al estudio en el que estaría basada parte de la determinación de no entregar el bono debido a que Atacama no figuraría entre las regiones con mayores costos de vida.
“Además de que gran parte de los participantes de este proceso entendimos que la continuidad del bono no estaba sujeta a este estudio, sino más bien la determinación de su monto, yo le he pedido por oficio al INE y otros organismos que puedan aclarar formalmente los criterios de aplicación de este estudio de costos de vida, ya que no se habría implementado bajo los parámetros establecidos en el protocolo de Acuerdo firmado en 2014, como por ejemplo su cobertura netamente regional”, indicó la diputada Daniella Cicardini.
Al mismo tiempo apeló a la solidaridad con los funcionarios públicos del resto de los trabajadores, de todos los sectores económicos y de la población en general, “entendiendo que cuando se apoya a un sector tan importante como los funcionarios públicos, finalmente esos recursos se inyectan en la economía local favoreciendo en mayor o menor medida a todos los habitantes de la región”, concluyó.
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