El evento sismológico tuvo una profundidad de 98.1 kilómetros, y no causó desgracias personales ni materiales según los informes emanados de SENAPRED al respecto.
Antes de la caída. El 10 de junio de 2022, el cofundador y vocero de la organización violentista, Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, relanzó en un centro comunitario de la población Lo Hermida de Peñalolén, el libro Chem ka Rakiduam, con las definiciones del grupo radical.
Ante más de cien personas —a quienes se instruyó que apagaran sus celulares— reivindicó la violencia política y dijo que frente al estado de emergencia decretado en mayo de ese año por el Presidente Gabriel Boric, habían resuelto resistir armadamente. También validó la venta de madera para obtener armas de fuego —que denominó fierros— y municiones.
“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros y para tener los tiros”, dijo esa noche.
Era una de las apariciones públicas que por esos días realizaba el líder del grupo radical activo más antiguo del sur, cuyo primer atentado se remontaba a la quema camiones en Lumaco, en 1997.
Sus apariciones —realizadas a través de intervenciones públicas y entrevistas— se amparaban en 4 elementos: lo que calificaba de libertad de expresión; la distinción que hacía entre la CAM y los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) —definiendo a la primera como una organización meramente política y a la segunda como sus brazos armados autónomos, cuyas acciones él sólo apoyaba conceptualmente—; la falsa acusación levantada en su contra en 2017 en la Operación Huracán —que volvía a las autoridades reticentes a perseguirlo penalmente— y la definición tomada hasta entonces por La Moneda de no querellarse por declaraciones públicas.
“Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, dijo el Presidente en mayo de 2022, después de que el 11 de ese mes Llaitul llamara a “organizar la resistencia armada” ante los planes de desplegar militares para prevenir atentados en carreteras.
El giro de La Moneda. A fines de julio de 2022, el Presidente Boric marcó un quiebre con los gestos hacia la CAM que había realizado como diputado y con la política de evitar perseguirlo penalmente.
La decisión la tomó tras las críticas a la inacción del gobierno por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y los dichos del entonces fiscal nacional Jorge Abbott y la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quienes advirtieron que se requería de una querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE), por parte del gobierno, para actuar.
El giro ocurrió a semanas del plebiscito constitucional, en que el gobierno apostaba el éxito de su programa a la aprobación del texto de la Convención (que fue rechazado el 4 de septiembre).
“Ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de la declaración de auto atribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar la querella”, dijo el Presidente Boric al matinal de Mega.
El mandatario aludía a una entrevista dada por Llaitul al portal en inglés Chile Today y al sitio Werkén Noticias. En el registro —difundido el 21 de julio de 2022— Llaitul responsabilizaba a “la policía y otras fuerzas político-miliares” por la muerte de uno de sus miembros en un atentado en La Araucanía.
“Ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi (hermano) y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje (…), como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas”, dijo.
La Moneda presentó una ampliación a una querella por LSE presentada en 2020 y Llaitul fue detenido el 24 de agosto de 2022.
La fiscalía formalizó cargos en su contra por incitación y apología a la violencia bajo la Ley de Seguridad del Estado, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación violenta. En la acusación pidió 25 años de cárcel para él.
Desde entonces está en prisión preventiva.
La primera renuncia del gabinete. Luego se abrió un flanco para La Moneda. Al mediodía del 25 de agosto de 2022, Ex-Ante publicó un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) que recogió la transcripción de un llamado teléfonico realizado por una asesora de la entonces ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega a Héctor Llaitul, de parte de la secretaria de Estado. Éste ocurrió horas después de que el líder de la CAM llamara a “organizar la resistencia armada”.
Cuatro horas después de la publicación, el Presidente Boric pidió la renuncia a Vega, quien había sido nombrada como coordinadora interministerial de la Macrozona Sur. Era la primera caída del gabinete.
Otra de las conversaciones interceptadas a Llaitul, en este caso con un conocido, mostró su negativa opinión del mandatario. “Aparte de ser socialdemócrata y jurar(se) medio Che Guevara, ahora va a andar (….) con los grupos económicos y va a gobernar igual”, dijo.
La caída en los atentados. La detención de Llaitul marcó el comienzo de la desarticulación de la CAM; una baja en los atentados y también un vacío de poder aprovechado por otros grupos radicales del sur.
En noviembre del año pasado, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve afirmó que “en materia de ataques incendiarios, el año 2023 es el año con menos ataques incendiarios de los últimos cuatro años. Eso implica que este año ha habido un 25% menos de ataques incendiarios que el año 2022 y un 40% menos que el año 2021”.
La defensa de Llaitul. El 12 de marzo de este año, al comenzar el juicio en su contra, Llaitul tomó la palabra para hacer una declaración. Dijo que la “guerra no la declaramos nosotros” y que, por tanto, se consideraba un “preso político”.
Este lunes, previo a conocerse su veredicto, habló otra vez.
“Seguramente ésta será una condena en donde yo reciba toda la fuerza del Estado por este mismo choque de culturas, de que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanente”, dijo. “Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto”.
El veredicto. Pasado el mediodía, la jueza Rocío Pinilla leyó el veredicto del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco que lo declaró culpable por 2 delitos de ley de seguridad del Estado, 2 usurpaciones violentas, un delito de hurto simple y un delito de atentado contra la autoridad a mano armada.
En la lectura, la jueza detalló que la evidencia recabada permitió “echar por tierra la afirmación del acusado en orden a que las ORT y la CAM están orientados solo al sabotaje de blancos específicos vinculados con las empresas forestales u otras, pues ha quedado demostrado que los grupos de personas que han intervenido en dichos actos, efectuaron disparos directos a los aludidos funcionarios (de Carabineros), causándole lesiones de diversa magnitud a 2 de ellos”.
También detalló que llegaron a la convicción de que Llaitul no era sólo el vocero de la CAM, sino su líder.
Su sentencia se conocerá el 7 de mayo.
Según explicó la diputada por Atacama Sofía Cid, una de las impulsoras de la Comisión Investigadora, “la grave crisis en la que está la educación pública en Chile es terrible y sus efectos a largo plazo son incalculables, porque no sólo se trata de perder clases, como ocurrió el año pasado en Atacama, sino también espacios de socialización y finalmente, se pierden oportunidades”.
Luego agregó que “tenemos más de 800 estudiantes sin matrícula en todo el país por culpa de la famosa tómbola, que además cuenta con un sistema premium para gestionar mejor los cupos. Las reparaciones en los colegios de Atacama aún no se solucionan, y lo peor de todo, es que el Gobierno parece no saber qué hacer”.
La diputada Sofía Cid destacó que “por eso es importante establecer las responsabilidades políticas de quienes no sólo están ahora en el Gobierno, sino que fueron los autores de estas reformas a la educación que han demostrado ser un fracaso”.
En el texto solicitando la creación de la Comisión Investigadora, se explica que la falta de matrículas “se ha traducido en que millares de estudiantes primarios aún no han podido iniciar clases, lo que parece especialmente grave si tenemos en consideración la necesidad de superar el déficit que dejó la pandemia en materia educativa”.
Los parlamentarios también exponen que lo sucedido en la última parte de 2023 con la crisis de Atacama, es una “expresión del fracaso de una política que se impuso en base a pretensiones ideológicas y por sujetos cuyas capacidades e idoneidades técnicas han sido severamente cuestionadas en los últimos meses”.
Finalmente, la diputada Sofía Cid apuntó a sus pares de la Cámara de Diputados “que voten a favor de la creación de esta Comisión Investigadora, especialmente a quienes son de la región de Atacama. Nuestros estudiantes están pagando costos enormes por una reforma que no funcionó”.
En la oportunidad se establecieron los mecanismos en que se desarrollará este juicio, el que se espera se extienda por aproximadamente seis meses, para luego dar comienzo a los alegatos de apertura en que el Ministerio Público argumentó los hechos que sustentaron la acusación en contra de los nueve acusados, entre ellos el exalcalde suplente de la mencionada comuna, funcionarios de esta casa edilicia y particulares.
“Se inicio este Juicio Oral en que se acusan delitos de corrupción, audiencia que está agendada para desarrollarse en aproximadamente seis meses en los cuales se buscará acreditar 12 hechos con montos asociados a contratos por mil 300 millones de pesos, mientras que la cifra asignada a coimas según lo determinado por personal de la PDI durante la investigación fue del orden de los 300 millones de pesos. Por ello, en este caso se busca demostrar la participación de los acusados en los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno. Además de negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del edil y algunos de los funcionarios municipales detenidos”, dijo el fiscal
De acuerdo con los antecedentes de la acusación del Ministerio Público a partir de la fecha en que asumió como alcalde suplente el acusado, Mario Morales Carrasco, luego de prometer beneficios económicos a cuatro concejales de Tierra Amarilla a cambio de sus votos dentro del Concejo Municipal, se sucedieron acciones irregulares referidas al pago de coimas en los procesos de adjudicación de proyectos.
Según los antecedentes contenidos en la acusación de esta causa, la autoridad suplente de esta comuna, junto a un grupo de cercanos colaboradores también funcionarios de esta casa edilicia, un ex trabajador del municipio y cuatro contratistas; se concertaron para la asignación irregular de proyectos de mantención y ejecución de obras, licitaciones que eran definidas a cambio de coimas en dinero en efectivo que eran sustraídas de los precios artificialmente aumentados de los costos de cada obra.
El fiscal Luis Miranda indicó que esta investigación se gestó el año 2020 por parte de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía Local de Copiapó a cargo del fiscal Christian González, y desde ahí se realizaron distintas acciones investigativas que culminaron con una orden de detención masiva y la posterior audiencia de formalización de cargos.
La convocatoria a la etapa de Solicitud de Información o RFI por sus siglas en inglés (Request For Information) fue abierta el 29 de febrero pasado, y las postulaciones se extendieron hasta el 20 de abril.
El objetivo de este llamado fue conocer el abanico de tecnologías disponibles en el mercado y las innovaciones en materia de extracción directa de litio, apoyando al proyecto que desarrolla la estatal en la Región de Atacama.
Por países, la distribución de empresas o consorcios participantes fue la siguiente: 5 de Estados Unidos, 3 de Canadá, Alemania y China; 2 de Corea del Sur, Francia e Israel; 1 de Japón, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Gran Bretaña-Australia. En tanto, 4 entidades no autorizaron que se divulgue el nombre de su personalidad jurídica.
Según destacó el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, “la gran cantidad de empresas y consorcios participantes en este proceso de RFI revela el alto interés que concita nuestro proyecto de Salares Altoandinos a nivel mundial y el interés por aportar con desarrollos tecnológicos con el menor impacto ambiental posible en el territorio, tal como lo plantea la Estrategia Nacional del Litio definida por el gobierno”.
El siguiente paso del proceso es que la ENAMI conformará una comisión de expertos que recomendará cinco de las treinta empresas o consorcios que se presentaron a la convocatoria, para que participen con sus tecnologías en las pruebas de laboratorio con salmuera del Proyecto Salares Altoandinos.
El listado de las entidades que participaron en el proceso de RFI es el siguiente :
AXION-Rare and Noble Metals Joint Stock Company.
CADL - Lanshen Tec
Candle Lithium Corporation
Eramet Chile S.A.
GEA Equipamentos e Soluções Ltda
Geolith
Consorcio conformado por: Toray, Sumitomo Metal Mining, Muromachi Chemical, Asaka Riken y Jogmec
Consorcio conformado por: K-UTEC AG Salt Technologies y Ferrostaal
Lithium One Environmental Inc. "L1X"
LG Energy Solution, LTD.
Lilac Solutions Chile Spa
Consorcio conformado por Lithimuing y INGPE SPA
Lithos Technology LLC
Litio Verde Iniciativa: Consorcio conformado por Litio Iniciativa y Qinghai Kuajie Separation Technology Co.Ltd
POSCO HOLDINGS
Rio Tinto International Holdings Limited
Schumberger Technology Corporation ("SLB")
Sorcia Chile SpA
Summit Nanotech Spa
Sunresin New Materials CO.LTD
Cytec de Chile Ltda (empresa del grupo Syensqo)
Tenova Advanced Technologies
Watercycle Technologies
Worley Ingeniería y Construcción Chile SpA
XtraLit Ltd.
Zelandez Services Chile SPA
Nuestras damas se entregan por completo a organizar acciones y actividades que puedan hacer menos complicada la estadía de estos pacientes durante su hospitalización, para ello se conmemoran fiestas patrias, navidad, cumpleaños y otras celebraciones, además se estimula con la existencia de una biblioteca, se hacen concursos y todo esto apoyado por personas que desinteresada y anónimamente prestan su colaboración.
El gran logro de esta organización es haber obtenido el comodato de una vivienda cedida por Bienes Nacionales, la que será utilizada como casa de acogida para atender a las familias que deben pernoctar a la espera de resultados por la salud de niños y niñas de la unidad de pediatría del hospital. Estamos agradecidas de instituciones que ya nos están apoyando con los arreglos e implementación de esta casa que tanta falta hace para la atención en momentos tan difíciles. Esta casa se viene solicitando desde hace muchos años con bienes nacionales y después de gestionar con distintas autoridades, por fin el año recién pasado nos resultó y estamos felices de este logro que por tanto tiempo nuestro voluntariado ha querido contar, para facilitar la espera y angustia de muchas familias de la región, indicó finalmente Gueysi Muñoz.
“Oficiales policiales de la Bicrim Copiapó llevaron a cabo diversas diligencias investigativas con el objetivo de dar con la ubicación de prófugos de la justicia, estableciendo el paradero de éstos para luego proceder a detenerlos por contar con órdenes de aprehensión vigentes, emanadas por los Juzgados de Garantía de Copiapó y Diego de Almagro. En ese sentido, en los últimos días se concretó la detención de cinco personas, quienes constantemente evadían la labor policial y se mantenían prófugos por diversos delitos, tales como daños simples, conducción en estado de ebriedad, tenencia ilegal de armas de fuego, lesiones y amenazas”, señaló el subprefecto César Ramírez, jefe de la Bicrim Copiapó.
De los cinco detenidos, cuatro corresponden a chilenos y uno de nacionalidad boliviana, quien mantiene su situación migratoria regular. Además, uno de los detenidos cuenta con antecedentes policiales por delitos a la Ley de Drogas. Tras sus respectivas capturas, los imputados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Garantía de Copiapó y Diego de Almagro.
abril 22, 2024
