Diputada Cicardini hizo llamado a nuevas autoridades a actuar con criterio en materia de desvinculación de trabajadores municipales

Viernes 30 de Diciembre de 2016.- Un llamado a las nuevas autoridades municipales de la región a actuar “con criterio y respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, efectuó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, a propósito de las desvinculaciones anunciadas y ya adoptadas por algunas de las administraciones comunales entrantes.

Si bien la legisladora reconoce la potestad de los nuevos alcaldes a determinar cambios en sus equipos y asesores de confianza, al mismo tiempo, en una declaración enviada por ella, manifiesta su preocupación en el sentido de que dichos cambios se realicen con prudencia y teniendo en consideración el escenario económico y de desempleo dela región.

DECLARACIÓN:

Como parlamentaria me preocupan las recientes informaciones respecto a la desvinculación de funcionarios en algunos municipios de la región, sobre las que me han manifestado su angustia trabajadores municipales de diversas modalidades de contrato, por la incertidumbre que significa para su futuro y el de sus familias.

Sin perjuicio de que aquí no está en cuestionamiento la autonomía de las nuevas autoridades, especialmente en el nombramiento de sus colaboradores de confianza, hay formas y formas, y estas atribuciones no se pueden ejercer sin el necesario respeto a los derechos y dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y sin consideración al complejo momento económico y de desempleo de la región.

En el último tiempo hemos sabido tanto de procesos de desvinculación municipal que se llevarán a cabo de manera gradual y razonable, incorporando incluso la posibilidad de continuidad para trabajadores que participen de etapas de selección en los mismos municipios. 

Pero, al mismo tiempo, hay otros procedimientos que no dejan de generar inquietud,  no solo por el volumen de despidos anunciados, sino también por la manera en que se procede con los y las trabajadoras.

Creo que nadie puede quedar indiferente cuando, por ejemplo, en un municipio se dice que por no tener la capacidad técnica para resolver cuáles son las funciones o quién es un determinado trabajador, se opte como primer y más fácil camino de solución por la desvinculación de la totalidad de los trabajadores a honorarios.

Me sorprende la falta de empatía, y que no se pudiera encontrar una forma distinta de abordar este ‘problema técnico’ que no sea hacer pasar a estas cientos de familias por la traumática incertidumbre y la angustia de no saber si tendrán o no tendrán el sustento y trabajo en el año 2017.

Me sorprende también que se parta desde la sospecha y desde la desconfianza hacia los trabajadores, especialmente por parte de algunos personeros que debiesen ser los primeros en solidarizar, estar de lado y defender su derecho a contar con su fuente laboral.

Si existía algún tipo de reparo o duda en relación a algunos funcionarios y su desempeño, me pegunto si no hubiese sido más razonable y justo investigar y corroborar primero antes de poner en un mismo saco y en tela de juicio la labor de todos y todas, y antes de pasar por sobre el derecho al trabajo de la gran mayoría de quienes efectivamente cumple con su labor de manera esforzada y comprometida con la comunidad.

En el mismo sentido, no deja de ser llamativo que en algunos casos como principal causa de desvinculación se invoque una eventual estrechez presupuestaria. 

Independiente de la veracidad y alcance de aquello, quienes somos parte de un sector que históricamente ha apelado a la defensa de los trabajadores, y a la conciencia y a la responsabilidad social a la hora de realizar ajustes de tipo presupuestario al interior de empresas públicas y privadas, debiésemos ser los primeros llamados a agotar todos los esfuerzos para que la fuente laboral de un trabajador no sea lo primero, sino lo último en ser tocado y afectado por este tipo de decisiones.

En particular cuando además vemos que, una vez más, se perjudica sobre todo a los más vulnerables de entre ellos, los trabajadores a honorarios que, en el contexto de la lucha que se viene dando por terminar con su situación de desprotección y precariedad laboral, debiesen ser los primeros en recibir la mayor consideración y apoyo por parte de autoridades públicas y del Estado.

Resulta paradójico también que en el mismo año en que aprobamos en el parlamento un largo anhelo del sector, como es la ley que moderniza y entrega a los municipios la facultad de definir y ampliar sus plantas de funcionarios para una mejor atención de la comunidad, se pongan trabas a la incorporación de las pocas plantas disponibles.

En consecuencia, como diputada por la región no puedo restarme de hacer un llamado a todas las nuevas autoridades municipales a actuar con criterio y prudencia en este tema, a reconsiderar o, idealmente, revertir estas decisiones de desvinculación de trabajadores en los casos en que sea justo y posible hacerlo; así como respetar los derechos a indemnizaciones, plazos respectivos y  compensaciones que contemple la ley en la materia.