29 jul. 2016

Fiscalía acreditó delito de tráfico de droga de mujer con residencia en Copiapó

Viernes 29 de Julio de 2016.- La Fiscalía de Atacama consiguió acreditar un delito de tráfico de drogas que se cometió en Copiapó por parte de una mujer con residencia en la capital de la región.

Los antecedentes de esta investigación los reunió el fiscal jefe de esta comuna, Gabriel Meza Peña, quien los presentó ante los Jueces del Tribunal Oral buscando demostrar la ilegal actuación de la imputada en el delito indagado. En este sentido el fiscal Meza argumentó que el 2 de noviembre del año pasado quedó al descubierto el delito a partir de una diligencia que llevó a cabo personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, quienes luego de un control carretero a un bus que circulaba con dirección al sur del país detectaron una importante cantidad de droga.

“Los antecedentes que la Fiscalía de Atacama reunió en esta causa indican que la imputada, una mujer de 25 años, había abordado la máquina portando una maleta en cuyo interior transportaba un peso neto de 8 kilos 715 gramos de marihuana”, dijo el fiscal Meza.

En el juicio la Fiscalía presentó distintos medios de prueba, como fue el set fotográfico del lugar en que fue encontrada la droga, además de las declaraciones de los funcionarios policiales que tomaron parte en el procedimiento. De la misma manera se presentaron los análisis científicos que llevó a cabo el Servicio de Salud de Atacama respecto de la droga incautada en el procedimiento.

Con todo ello, la Fiscalía logró acreditar los hechos indagados y demostrar la participación directa de Geraldyn Cabezas Rozas, imputada que fue condenada como autora del delito de tráfico de drogas siendo sentencia además a la pena de cinco años y un día de cárcel efectiva, además del pago de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales.

Respecto de la sentencia el fiscal jefe de Copiapó, Gabriel Meza, indicó que la Fiscalía mantiene permanente atención a este tipo de delitos debido a la preocupación que genera en la comunidad. Razón por la que ante cada caso se solicitan las penas privativas que la Ley establece y así continuar combatiendo el tráfico de este tipo de drogas.



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